Un compromiso institucional y social para apoyar a quienes crean, innovan y también a quienes enfrentan el fracaso, construyendo una economía más inclusiva y resiliente.

Emprender es, por naturaleza, un acto de valentía, de ambición y de compromiso con la sociedad. Sin embargo, emprender también implica riesgos, incertidumbres y, con demasiada frecuencia, el enfrentamiento a un entorno administrativo y normativo que no siempre acompaña a quienes deciden iniciar un proyecto. El fracaso, lejos de ser un estigma, forma parte intrínseca del proceso de innovación y construcción empresarial.

 En nuestro país, esta realidad exige que la política pública, la administración y las instituciones asuman un papel activo y decidido en la protección, el fomento y el acompañamiento de quienes emprenden.

Durante los últimos años, hemos observado avances significativos. La legislación ha mejorado, la mentalidad hacia el emprendimiento ha cambiado y la sociedad empieza a valorar la importancia de los emprendedores como motor económico y social. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. La ayuda a quienes comienzan su aventura empresarial sigue siendo insuficiente y, lo que es más relevante, las herramientas para apoyar a quienes fracasan todavía no se aplican con la eficacia y la comprensión que requieren.

La Ley de la Segunda Oportunidad representa un paso trascendental en esta dirección. Se trata de un mecanismo jurídico que permite a los emprendedores fallidos reincorporarse al circuito económico, liberándose de cargas que podrían condenarlos a la exclusión y al estigma social. Esta herramienta tiene un potencial enorme, pues sabemos que más del 80 % de los nuevos negocios fracasan en sus primeros tres años. Ignorar esta realidad o estigmatizar el fracaso sería un error estratégico y humano: un país que penaliza la equivocación pierde talento, creatividad y resiliencia.

Es imperativo, por tanto, diseñar políticas que actúen en dos frentes: por un lado, ofrecer apoyo efectivo a quienes inician un proyecto, y por otro, brindar mecanismos de protección y reintegración para quienes no logran el éxito inicialmente. Entre las medidas más urgentes se encuentran la reducción o eliminación temporal de impuestos durante los primeros años de actividad, la supresión de cargas de seguridad social para autónomos que aún no facturan, y la simplificación de trámites administrativos. Son medidas de sentido común, ampliamente avaladas por la experiencia práctica de empresarios y expertos en política económica, que permitirían a los emprendedores concentrarse en lo esencial: crear valor y generar empleo.

Desde Oryon Foundation, nuestra visión va más allá de la asistencia individual. Buscamos crear un movimiento cultural y político, un manifiesto que impulse a la administración y a las instituciones públicas a asumir un compromiso decidido con el emprendimiento. Este compromiso debe abarcar tanto a quienes empiezan, ofreciendo condiciones más justas y realistas, como a quienes han fracasado, brindándoles una segunda oportunidad digna y efectiva. Además, es crucial integrar a los emprendedores mayores de 50 años y a otros colectivos vulnerables que poseen experiencia y conocimiento, pero requieren apoyo para reincorporarse al circuito económico y productivo.

El fortalecimiento del emprendimiento no es únicamente una cuestión económica, sino también cultural y social. Significa valorar la iniciativa, la creatividad y la perseverancia; reconocer que la sociedad progresa gracias a quienes se atreven a innovar y a quienes aprenden del fracaso; y comprender que la inclusión de todos los actores en el circuito productivo es la base de un país resiliente, competitivo y justo.

Por todo ello, el deber del país es claro: facilitar, proteger y fomentar el emprendimiento como una política de Estado, con medidas concretas, sensibles y eficaces, que reflejen un compromiso genuino con la prosperidad colectiva. Este artículo es, en esencia, un llamado a la acción: a que las instituciones públicas, la sociedad y la comunidad empresarial trabajen unidas para construir un ecosistema donde emprender sea un derecho respaldado, donde fracasar no signifique ser excluido y donde el talento y la iniciativa sean reconocidos como el verdadero motor de nuestra economía y nuestra cultura.